Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Hermosillo, Sonora (IN).- Afectados por el derrame del Río Sonora presentaron queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior, luego del abandono de los 705 enfermos de metales pesados por parte de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sonora.
Antonio Romo, maestro universitario e integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora, aseguró a IRREVERENTE NOTICIAS que desde hace 2 años que los enfermos con metales pesados no reciben atención médica por parte del Gobierno del Estado.
Un grupo de habitantes de Bacanuchi, Ures, Baviácora, Banámichi, San Felipe, Banámichi y Arizpe protestaron por fuera de Palacio de Gobierno.
Denunciaron que el Estado no los ve, ni los escucha, ni los atiende desde el 2021.
Reprocharon que hoy los funcionarios estatales se encuentran muy ocupados en los procesos electorales buscando reelegirse o llegar al poder.
En esta dinámica, se olvidan de gobernar para la gente y de atender los graves problemas en Sonora.
Son más de 700 enfermos con metales pesados en sus cuerpos como plomo y manganeso, entre otros, que requieren atención médica urgente.
Reprochan que a más de 9 años y casi dos sexenios del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora «denunciamos hoy y aquí, públicamente, a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Sonora».
Lo anterior, «por su falta de seriedad y el incumplimiento de acuerdos para atender el grave problema de salud y ambiental que enfrentamos quienes vivimos en los ríos Bacanuchi y Sonora».
Además, «denunciamos también la falta de acciones, el cinismo con el que aseguran tener avances en agua y en salud, y la incertidumbre que vivimos en nuestras comunidades por la alarmante presencia de enfermedades y muertes».
En 2022, el Cenaprece y la Secretaría de Salud Sonora realizaron análisis en más de 600 habitantes de la cuenca y confirmaron la presencia de plomo, arsénico, cadmio y manganeso entre el 50 y el 95% de los resultados.
Hasta el 10% de la población está en las categorías de “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo” de desarrollar arsenicosis y neuropatía.
Los resultados de estos análisis fueron y continúan siendo alarmantes.
Las comunidades del Río Sonora «recibimos los análisis, se nos citó para levantamiento de historial clínico y después nos dejaron sin atención, sin seguimiento y sin un plan de salud».
Tras esta «simulación de atención médica, nada ha ocurrido; sólo silencio de parte de ustedes, se han intentado justificar diciendo que los Servicios de Salud serían federalizados y que la Secretaría de Salud Sonora sería la encargada de implementar los planes».
Refieren que «con toda tranquilidad, nos pidieron paciencia, y nuestra paciencia ha durado ya casi 2 años».
Hoy, «les volvemos a decir: la burocracia nunca debe estar por encima de la salud y vida de las personas».
Han pasado casi 2 años desde que conocen esta grave situación, «y ustedes, Secretaría de Salud y Gobierno del Estado de Sonora, no han tomado con seriedad su papel para garantizar el acceso a servicios de salud integral en la cuenca del Río Sonora, ni para ampliar los estudios necesarios que puedan identificar el total de la población que se encuentra en riesgo».
Precisan que «el doctor José Luis Alomía y gobernador Alfonso Durazo: ¿cuándo se van a pronunciar ante las injusticias?, Semarnat ya confirmó la presencia de metales en aire, suelo, agua y pozos en la región, ¿Cuándo darán la cara ante las comunidades y concretarán un plan de acción claro, transparente y participativo para atender la salud y el daño al medio ambiente?».
Dr. Jose Luis Alomía: «¿usted, como Secretario de Salud, por qué no se presenta a las reuniones de trabajo y envía a personal sin capacidad de tomar decisiones?, su silencio, falta de acciones y compromiso nos han obligado a ser nosotros quienes damos la cara en nuestras comunidades».
Indican que «ustedes pidieron ayuda para iniciar el plan y después nos dejaron con la carga, esta responsabilidad no nos corresponde a nosotros ni a las autoridades municipales, es su trabajo y obligación dirigir la atención, y si no puede con la encomienda, entregue su oficina a quien sea capaz porque usted ni en los juzgados puede comprobar los avances que tanto dicen tener en el Río Sonora».
En septiembre de este año las autoridades de Salud se reunieron a puerta cerrada para que Cenaprece hiciera entrega de la ruta para la “Fase 2” del plan de atención en el Río Sonora.
Esta fase es de atención a la salud, contratación de médicos de planta, y comunicación de riesgo, y debe activarse desde la Secretaría de Salud Sonora.
Por ello, «preguntamos de nuevo a las autoridades: ¿cuándo la van a implementar y por qué no apuran el paso?,
Secretario de Salud y Gobernador: ¿están estancados en su indecisión o indiferencia?, ¿le tienen más lealtad a Grupo México que al dolor de las comunidades con el que hicieron campaña electoral? ¿por qué no hacen caso a los juzgados que una y otra vez les recalcan la necesidad de hacer justicia en el Río Sonora?,
¿cómo se han atrevido a responsabilizar a la ciudadanía por la falta de atención médica?».
Critican que «ha sido más importante presumir remodelaciones que atender de fondo el problema de salud ambiental en la cuenca».
Por todo lo anterior, «informamos a los medios y a la población que, como consecuencia de que las autoridades no han dado cumplimiento a las resoluciones dictadas en tribunales mexicanos, el pasado 17 de noviembre se presentó una solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el rubro de Derecho a la Salud, a la Vida y a la Integridad Personal».
Además, «interpusimos una denuncia ante el Juzgado 13 en contra de todas las autoridades de Salud y de Medio Ambiente de los 3 niveles de gobierno por el incumplimiento de las medidas cautelares que fueron otorgadas por el juez y que tenían como fin preservar la vida y la salud de la gente».
El fin de este proceso es que:
1) Se obligue a las autoridades a dar cumplimiento a las medidas cautelares.
2) Se les sancione con multa y destitución del cargo en caso de no cumplir.
3) Se dé vista al Ministerio Público por desacato de sentencia.
Los Comités de Cuenca Río Sonora «seguiremos empujando y luchando hasta que pare la impunidad por el enorme crimen cometido por la empresa Grupo México».
Línea del tiempo de la atención a la Salud en el Río Sonora
Junio de 2021:
Se solicitó a la Profepa medidas para proteger la salud de las personas y mitigar fuentes de riesgo.
La Profepa no dio respuesta.
Noviembre de 2021:
Cenaprece elabora plan de trabajo e inicia tomas en muestras de sangre y orina con el fin de detectar la presencia de Arsénico, Plomo, Manganeso, Cadmio y Mercurio
Abril de 2022:
Cenaprece y Secretaría de Salud presentan y entregan resultados de los análisis, confirmando la presencia de plomo en más del 95 por ciento de la población, a arsénico en más del 50 por ciento , y en cadmio en más del 79 por ciento.
También se detectó que entre el 1 y el 10 por ciento de la población se encuentra en “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo”, con capacidad a desarrollar arsenicosis y neuropatía.
En sangre se reportó exposición positiva a plomo entre el 58 al 90 por ciento de la población, y a manganeso entre el 19 y 50 por ciento
Mayo de 2022:
Después de múltiples requerimientos del Juzgado Cuarto de Distrito.
La Profepa contestó que no eran procedentes las medidas cautelares debido a que en julio de 2022 se decidió incluir un eje ambiental en el Plan de Justicia para Cananea, instaurado por el Presidente, para atender primordialmente el tema de salud y agua.
Ante esa respuesta, se interpone un juicio de amparo para exigir la implementación de medidas urgentes para proteger la salud de las personas y mitigar fuentes de riesgo, acceso a agua limpia, potable y de calidad.
El Juzgado 13 se pronuncia a favor de las comunidades.
El Juzgado Decimotercero de Distrito en Sonora cataloga el asunto como grave, al equiparar las omisiones de las autoridades como un “tormento, y trato cruel e inhumano”; por tanto, ordena a todas las autoridades involucradas de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Secretaría de Salud de Sonora, proveer atención médica urgente, incluyendo atención médica particular, en caso de que el Estado no cuente con especialistas.
Asimismo, se verifique si el uso y consumo del agua de los planteles escolares en el río Sonora pone en peligro la salud y la vida, y en su caso, realicen gestiones a su alcance con el fin de proporcionar agua saneada.
Las autoridades estatales, en particular la Secretaría de Educación Pública de Sonora, presenta como cumplimiento a las medidas para proteger a las infancias, informes de acciones que se habían realizado en 2014 y 2015, argumentando que no hay riesgos para los niños y niñas, y que durante la emergencia ambiental ya se había atendido la problemática, ignorando por completo los nuevos hallazgos presentados por autoridades ambientales y sanitarias en torno a la contaminación y riesgo existente en las comunidades.
Junio de 2022
En junio de 2022, la entonces Subsecretaría de Salud (Dra. Gabriela Nucamendi), se compromete a entregar información (sin incluir nombres de pacientes), acerca de los 381 expedientes almacenados en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora, misma que debía atender los casos por exposición a metales y que quedó sin operaciones en el 2019.
Hasta el día de hoy, esta información no se ha entregado ni se ha informado cómo van a dar seguimiento a esos casos.
Agosto de 2022:
Cenaprece y Secretaría de Salud Sonora anuncian la primera ronda de consultas en el Río Sonora.
Sin embargo, sólo se elaboró historial clínico y no se dio seguimiento a ninguno de los casos. Incluso reconociendo que había necesidad de hacer intervenciones urgentes.
Las autoridades de Salud se resguardan en que los servicios se encuentran en una etapa de “federalización”, por lo que sin pena alguna, solicitan paciencia a las comunidades para ser atendidas.
La Secretaría de Salud de Sonora refiere que a la Federación le corresponde planear y proyectar los temas de infraestructura médica, mientras que al Estado de Sonora únicamente le corresponde la ejecución del Plan.
No existe una debida coordinación de las autoridades para garantizar la atención médica para las poblaciones.
Al día de hoy las autoridades no responden.
Octubre de 2022:
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presenta estudio “Plan para la Atención Integral de Cananea Mesa de Salud Ambiental/Componente Suelo y Aire” en el que concluye que hay presencia de vapor de mercurio en el aire y éste se absorve el 80% en la sangre, así como valores importantes de arsénico, cobre, selenio, plomo, zinc, cadmio y molibdeno, que rebasan los estándares para uso de suelo agrícola y residencial.
En este documento la autoridad recomienda priorizar los esfuerzos en los sectores de la población que pudieran ser más vulnerables a los impactos en su salud.
Se sugiere tomar medidas al interior de aulas y aire ambiente en escuelas, así como una breve campaña de colecta de muestras para caracterizar la presencia de metales en aire y resuspensión de suelos, que pudieran estar ingresando al cuerpo de los habitantes por cualquier vía de exposición y con ello evaluar el riesgo e impacto en la salud.
En base a esa información se solicitó al Juez 13 una ampliación de medidas en las que se tome en cuenta la mitigación de las fuentes de exposición, alerta a la población, acceso a agua limpia, entre otras; sin embargo, la decisión judicial se postergó hasta abril de 2023, en virtud de que algunas autoridades no enviaban los informes requeridos por el juez; incluso, el Cenaprece se atrevió a clasificar la información respecto al abordaje toxicológico de las personas como información reservada, no obstante que haya sido generada en un Plan de ?Justicia?, y que sirviera como una herramienta de defensa para las comunidades.
Diciembre de 2022:
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presenta un informe Monitoreo de contaminates en el Municipio de Cananea y Comunidades aledañas al Río Sonora”, de diciembre de 2022, en el que advierte que Cenaprece realizó levantamiento de información y la integración de diagnósticos de salud, en ocho municipios afectados.
De este ejercicio resultó un total de 705 casos con plomo en la sangre y sintomatología asociadas a la exposición ambiental, los cuales requieren atención inmediata y algunos tratamientos de por vida, sobre todo aquéllos vinculados con arsenicosis, cáncer de piel y riñón.
Abril de 2023:
El Juzgado Decimotercero de Distrito en Sonora amplia medidas a favor de las comunidades, al determinar que además de la atención médica urgente que había ordenado en mayo de 2022, las autoridades debían implementar medidas de prevención y control para preservar el medio ambiente, mitigar las fuentes de riesgo de contaminación, brindar servicios de salud integral y seguridad escolar en contexto de alta exposición a metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, incluyendo un Plan de Contingencia Ambiental y alerta a las comunidades.
En esta resolución se involucra a la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Sonora, y al gobernador de Sonora Alfonso Durazo para que elaboren un plan de contingencia ambiental, que, hasta el día de hoy, no han presentado.
Agosto de 2023:
El Gobernador de Sonora declaró: “quedó pendiente un hospital, me llevo ese compromiso para incorporarlo en el Plan de Justicia, anótenlo para hablarlo con el Doctor Alomia (Secretario de Salud)”.
Posteriormente el titular de salud dice en entrevista que la clínica se va a construir, a pesar de que en reuniones con las comunidades han puesto en duda la necesidad de contar con este espacio.
Se interpuso una denuncia ante el Juzgado 13 en contra de todas las autoridades de Salud y las Ambientales, de los 3 niveles de gobierno, por el incumplimiento de las medidas cautelares que fueron otorgadas por el juez y que tenían como fin preservar la vida y la salud de la gente.
El fin de este proceso es que:
- Se obligue a las autoridades a dar cumplimiento.
- Se les sancione con multa y destitución del cargo.
- Se dé vista al Ministerio Público por desacato.
Agosto de 2023:
Con el propósito de justificar las omisiones, el retraso en la atención médica de la población, y sobre todo el incumplimiento de las medidas y así evitar sanciones por el Juez, la Secretaría de Salud de Sonora informó al Juzgado 13 que ellos siempre han garantizado el derecho a la salud de los afectados, y que por el contrario, son las personas afectadas quienes no han acudido a valoraciones médicas, no dieron seguimiento a las consultas, y dejaron de asistir.
Las personas afectadas nunca recibieron una ruta de atención.
En respuesta a las resoluciones de juzgado, la Secretaría de Salud busca deslindarse de sus responsabilidades y señala a los afectados por no acudir a las consultas.
Ello cuando no ha puesto a disposición de los afectados cuál es la ruta de atención, sobre todo ahora que tienen resultados que comprueban la exposición a metales.
Después de las constantes evasiones del Secretario de Salud de Sonora para informar directamente a la población sobre el plan de atención, el titular nombró a un coordinador de salud en el Plan de Justicia para Cananea.
Hasta la fecha, a pesar de los exhortos legales, no ha programado reuniones con las comunidades.
Al contrario, acudió a una sola reunión con información incompleta y sin una ruta de trabajo.
La Secretaría de Salud no ha podido acreditar ante los juzgados, ni ante la población, cuál será la ruta para brindar atención médica a las personas.
Septiembre de 2023:
Las autoridades de salud se reúnen a puerta cerrada para que Cenaprece entregue la “Fase 2” del plan de atención en el Río Sonora.
Se asegura que la implementación debe activarse desde la Secretaría de Salud Sonora y se deben contratar médicos de planta, se debe implementar una campaña de comunicación de riesgos, y se debe dar atención.
17 de Noviembre de 2023:
Se presentó una solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el rubro de Salud, la Vida y la Integridad Personal.
Lo anterior debido a que las autoridades no han dado cumplimiento a las resoluciones dictadas en tribunales mexicanos.
Al día de hoy, la Secretaría de Salud Sonora, el IMSS Bienestar, el IMSS ordinario, y Cenaprece, siguen teniendo una deuda enorme por la negligencia con la que actúan.
La responsabilidad es de todas estas autoridades, seguirse señalando las unas a las otras no funciona para proteger la salud de la cuenca.
