Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Ciudad de México (IN).- Al negar información pública a ciudadanos, la CEDH Sonora viola la Ley de Transparencia.
Una resolución emitida por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información en poder de este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, revela que el presidente Luis Fernando Rentería Barragán negó información para conocer en qué se gasta el recurso asignado vía presupuesto en lo relativo a sueldos y salarios, el tipo de seguridad social, finiquito, así como vehículos oficiales que se utilizan.
Se acudió en vía transparencia solicitando información pública a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Se inició con la solicitud de información pública 260502723000074 de fecha 24 de abril de 2023, a nombre de Santos Morales Borbón, la cual fue respondida de manera opaca.
Ello por no reunir los elementos que esta debería de contener, al omitir de manera intencional información que se supone es pública.
Por lo que ante tal actitud, se presentó el Recurso de Revisión iniciándose el expediente ISTAI-RR-355/2023, siendo resuelto el día 12 de enero del 2024.
Ante un hecho inaudito por parte de la Comisión por su opacidad, el Instituto de Transparencia da marcha atrás revocando la respuesta emitida y dando la razón ante los agravios expresados en el recurso interpuesto por el recurrente.
En razón a lo anterior, se emite un fallo o resolución que entre los puntos resolutivos más importantes es de destacar lo expuesto en su número uno que a la letra dice «Con fundamento en el Artículo 149, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado y se le ordena a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora se le haga entrega de la información solicitada por el recurrente en el término de diez días a partir de su notificación (sic)».
Al corrigirle la plana, le ordena emita una nueva respuesta para que se subsanen las omisiones manifiestas de manera por demás intencional y que dejaban de lado las obligaciones de transparencia a las que se supone este se encuentra obligado el presidente Luis Fernando Rentería Barragán.
En el punto resolutivo número dos, el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora consideró en materia de responsabilidad que «Este órgano garante estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto obligado, en virtud de haberse configurado lo establecido en el Artículo 168, Fracción V de la Ley de Transparencia».
Indica que «En ese tenor, se ordena girar atento oficio al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, a efectos de que, de así considerarlo, inicie un procedimiento de investigación ante una posible responsabilidad».
La actual administración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) casi llega a su segundo año en funciones, desde sus inicios se ha envuelto en diversas controversias.
Rentería Barragán inició mal con despidos masivos injustificados, problemas con grupos pro vida, pobre desempeño institucional en materia de recomendaciones por violación de derechos humanos, al solo existir dos en su portal institucional.
Lo anterior, a pesar de existir un número mayor de quejas que ingresan al Organismo que no se reflejan en recomendaciones.
Para el ombudsman no existen abusos policiacos, ni defunciones por negligencia médica, como si se tuviera hoy en día un sistema institucional ejemplar a nivel estatal en el servicio público, tanto que no es necesario más de una recomendación o pronunciamiento por año.
Con la complacencia de los diputados del Congreso del Estado de Sonora, hoy en día sólo cuenta con una recomendación en su primer año 2022 que la replicó en 16 machotes pero iguales en contenido, sólo con víctimas diferentes y una más dirigida al Ayuntamiento de Empalme, Sonora en el 2023.
Este es el más pobre desempeño observado en los 30 años de existencia de la CEDH Sonora.
El incumplimiento a las obligaciones de transparencia del Estado de Sonora se suma a su ya de por sí largo repertorio de ineptitudes por parte del ombudsman sonorense.
El abogado Santos Morales expresó que «es aquí llamar la atención una vez más de los señores legisladores del Estado de Sonora, ante su silencio y omisión institucionales cómplice».
El ex Visitador Adjunto cuestiona «¿cuánta evidencia más necesitan para tan siquiera voltear la mirada sobre el proceso de desmantelamiento institucional llevado a cabo en este su periodo legislativo».
Ello por despidos masivos, irrespeto a la ley, bajo rendimiento en números, «aunado ahora la presente actitud de soberbia institucional aquí expuesta derivado del recurso de revisión en el cual se le ordena modificar su respuesta vía transparencia».
Una evidencia «de manera grosera que la persona que ustedes apoyaron de manera aplastante, con todos y cada de los votos del Congreso sonorense no quiere o no entiende que su función es que en base a la legalidad institucional, sea un ente que ponga límites al poder público, ante violaciones de derechos humanos y que la esencia de la Comisión, no es la abstracción de la academia, sino defender los derechos de todos los mexicanos la cual está ausente al día de hoy».
