Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Hermosillo, Sonora (IN).- Ante la histórica crisis por sequía severa en Sonora, hoy el acueducto yaqui es un caudal de resarcimiento a sus ancestrales derechos humanos que evitará, sin duda, un nuevo genocidio étnico en México.
En entrevista exclusiva para este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, el maestro Tonatiuh Castro Silva apuntó que «el agua, la tierra y un devenir cierto, son añejos anhelos del pueblo yoeme o yaqui, tal legítimo deseo se expresa cada día y ha sido el motivo de su lucha desde sus triunfos militares ante la milicia española, en la década de 1610, y causa de sus once levantamientos armados entre los siglos XVIII y XX».
Destaca que «la cautela demarca toda intención que se le anuncia como la buena nueva, el Acueducto Yaqui».
Esta obra hidráulica habrá de iniciar operaciones en abril del presente año, de acuerdo con la información oficial, contó con una inversión total de 2,094.2 millones de pesos, ejercidos en el periodo 2022-2024.
Su longitud es de 241 km, partiendo de la presa “Álvaro Obregón” o “El Oviáchic”, siendo 166 km de línea promocional y 75 km de ramales.
Castro Silva describe que la población beneficiaria corresponde a 50 comunidades, con más de 34,000 habitantes.
Factores básicos para valorar el acto de disposición del acueducto de beneficio al pueblo yoeme o yaqui por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son:
El rubro histórico, que dota de sentido al gesto político y a la obra pública; el contexto gubernamental en el que se inserta, el Plan de Justicia Yaqui; la naturaleza de la obra inaugurada y puesta en acción, en su dimensión técnica, y en consideración de las condiciones hidrológicas de la entidad en su conjunto.
Además, las actuales condicionantes de la territorialidad yaqui, en lo cual se advierten diversas fuerzas sociales, como el latifundismo, la minería y el narcotráfico; el panorama étnico en Sonora, horizonte cultural al cual pertenece la etnia beneficiada, ante el cual se le distingue.
Un acto de resarcimiento histórico
El maestro Castro Silva recuerda que «el presidente Lázaro Cárdenas, mediante decreto, reconoció a la etnia gran parte de su territorio del sur de Sonora, el día 27 de octubre de 1937».
Al disponerlo, «reconoció su autonomía política, y además, se estableció la posesión legal del territorio y, en consecuencia, los recursos naturales allí encontrados, así como hasta el 50 por ciento del agua de la presa La Angostura».
Explica que su usufructo le fue condicionado al pueblo yaqui conforme avanzara su agricultura, «pero el Estado mexicano jamás cumplió con la creación de la infraestructura requerida para el desarrollo agropecuario, ni le dotó de los insumos básicos».
Gracias a la restitución territorial de 1937-1940, «se buscó revertir la política genocida del Porfiriato, cuando miles de yaquis fueron vendidos como esclavos a los hacendados del sureste mexicano».
Indica que quienes sobrevivieron o sus descendientes, «regresaron a Sonora, asentándose en Hermosillo, principalmente en los barrios de El Coloso y La Matanza mientras se regularizaba la situación de sus tierras».
Al concretarse, «la mayoría se trasladó a su territorio ancestral».
Tras la disposición normativa, y una vez reconstituido demográficamente el pueblo yaqui, la política real en la región consistió en la construcción de una amplia infraestructura de beneficio para los campos agrícolas del “hombre blanco”.
Un decreto de 1955, emitido por el entonces presidente Ruiz Cortines, «dispuso que el agua de toda la cuenca del río Yaqui —en su porción sonorense—, con excepción de la cantidad correspondiente al pueblo yoeme, correspondiera al valle agrícola de los “yoris”.
Puntualiza que en esa larga época, «se crearon tres presas, siendo la primera La Angostura, la contemplada para beneficiar al pueblo yaqui, así como un distrito de riego para los agricultores no indígenas, el 41, expidiéndose concesiones por 1,950 millones de metros cúbicos de aguas superficiales para impulsar el valle agrícola, el cual, desde luego, se consolidó con el paso del tiempo».
Agrega que también, posteriormente, «se aseguró agua del río Yaqui mediante un acueducto a la mina La Caridad, de Nacozari, perteneciente al Grupo México, durante el gobierno de López Portillo».
Además, en 1991, se construyó otro acueducto, para beneficiar al área de Guaymas-San Carlos.
Por el contrario, el pueblo yaqui «sufrió el acoso territorial a lo largo de su lindero, por parte de ‘agrotitanes’, pequeños y medianos agricultores, así como el despliegue ejidal, que resultó invasivo».
No obstante que el territorio reintegrado por Cárdenas al pueblo originario fue de alrededor de 489 mil hectáreas, «la posesión actual dista en varias decenas de miles de hectáreas».
La duplicidad de autoridades, inducida por los gobiernos priistas desde la década de 1990, «permitió en el año de 1997 la firma de un ‘convenio’ entre el gobierno de Ernesto Zedillo y la supuesta totalidad de representantes de la etnia, mediante el cual ésta aceptaba recibir 40 millones de pesos a cambio de los territorios invadidos que, según tal documento, comprendían 2,352 hectáreas».
La superficie indicada por el convenio, «y que se legitimó con un decreto presidencial, estableció una delimitación de aproximadamente 454 mil hectáreas, lo cual implicó una reducción de cerca de 35 mil hectáreas».
La tecnificación de la Justicia
La construcción y entrega del Acueducto Yaqui «representa el cumplimiento de uno de los aspectos primordiales del Plan de Justicia, cuyos rubros fueron: vivienda, acueducto, infraestructura hidráulica y drenaje para comunidades, distrito de riego, banco yaqui, reconocimiento fiscal, universidad, restitución territorial, y hospital regional y unidades médicas rurales (6)».
Un acueducto tiene sentido una vez que una red local de distribución y abasto ha sido construida —recordemos el conflicto del “Ramal Norte”, en Hermosillo, en relación con el Acueducto Independencia—.
El Sistema de Agua Potable del Plan de Justicia Yaqui «fue concebido como un proyecto directamente relacionado con el acueducto, pero tuvo su propia y previa ejecución. La obra, magna en su diseño, consiste en 50 redes de agua potable, 25 redes de alcantarillado y 11 sistemas de tratamiento de aguas residuales con estaciones de bombeo para el desalojo de las aguas residuales tratadas, y lleva implícita la creación de un Organismo Operador».
La consistencia de dicha infraestructura podría brindarle éxito al funcionamiento del acueducto; «por el contrario, un sistema deficiente o disfuncional puede provocar que la anhelada justicia hídrica, se evapore entre los terregales de un valle desecado».
Por otro lado, «se encuentra la creación del Distrito de Riego 018, que ha sido motivo de conflictos al interior de la etnia pero, antes que ello, ha representado una contraposición entre el mundo yori y el del pueblo indígena».
De la amenaza al territorio a la intervención de la vida cotidiana
La territorialidad yaqui enfrenta en la actualidad factores adicionales a los del desdibujamiento de su lindero histórico.
El mayor problema «no son de momento los límites rebasados; al problema de la invasión del territorio perimetral, se agregó el despojo o el acecho a sus recursos naturales como el agua y los disponibles en su suelo».
En lustros recientes, «la principal afrenta a la vida cotidiana se encuentra al interior del territorio, a manos de la criminalidad».
Las comunidades, los caminos vecinales y el “huya ania”, el mundo del monte y de los saberes ancestrales, «son escenarios de delitos como desapariciones forzadas, homicidios y narcomenudeo».
También, la territorialidad yaqui «está siendo acechada por el recurso del agua, de antemano y con una mayor avaricia ahora, con la disposición ampliada».
Además, dentro del gran perímetro «se encuentran veinticinco concesiones mineras que han venido trastocando el gran tesoro que por decreto presidencial y por razón histórica, les pertenece».
Compartir el mundo, preservar la identidad
La naturaleza de la obra, en su aspecto técnico, «conlleva a advertir el viraje que ha ocurrido en el mundo en las políticas del agua».
En el momento histórico en el que el estado posrevolucionario concibió un plan de infraestructura para darle vida al acto de la restitución territorial, así como al Valle del Yaqui, «en el mundo y en México se vivía una época de auge de las obras hidráulicas».
En las siguientes décadas, en determinadas regiones del país, aumentó incluso tal impulso a presas, canales de riego, etc.
Sin embargo, desde hace ya también décadas que «existe un paradigma distinto, y hasta opuesto, de la gobernanza del agua».
En consideración del cumplimiento de normas ambientales, así como de los derechos humanos, a la política contemporánea de manejo responsable del agua se le nombra “hídrica”.
En este sentido, aparecen dos cuestiones: «el antecedente político e histórico-contemporáneo que remite a la polémica ecológica sobre la construcción del Acueducto Independencia, y la particularidad del momento en el que se efectúa la inauguración del Acueducto Yaqui, al encontrarse Sonora en un estado de emergencia hídrica».
Respecto a la obra padrecista del Acueducto Independencia, «el trasvase entre cuencas, al traer agua del sur de Sonora al municipio de Hermosillo, fue motivo de discusión en el aspecto técnico».
La obra fue impulsada e impuesta «no sólo con el ánimo de usufructo privilegiado para el sector agropecuario del centro del estado, sino también en razón de una crisis real en la disposición del agua».
Brindar al pueblo yaqui su propio acueducto, «en aquellos años de coyuntura, cuando ocurrió el Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua en el municipio de Cajeme, que tuvo una consecuente respuesta en una movilización ciudadana hermosillense, pudo haberse visualizado como la solución idónea».
Sin embargo, «el Acueducto Yaqui aparece justo durante una emergencia hídrica».
En el momento de la inauguración de la obra, «en el 98.6% de los municipios se presenta algún grado de sequía: 71 de los 72 municipios de Sonora registran sequía moderada, severa, extrema o excepcional».
De ellos, 44 municipios se encuentran en sequía extrema (D3).
Desde un punto de vista ecológico, dado que está así definido en la propia ontología del concepto, la solución para una población debe serlo para todas aquellas que comparten una región.
La carencia del agua en los pueblos originarios de Sonora
Una justa evaluación del Acueducto Yaqui «debe visualizar, en conjunto, el contexto étnico en Sonora».
El horizonte cultural «al cual pertenece la etnia beneficiada por la obra comprende también a otros seis pueblos originarios, a una etnia con 120 años de asentamiento —kikapú—, y alrededor de cincuenta sectores étnicos de origen migrante, plenamente asentados en la entidad desde hace cuatro décadas».
Aquellos pueblos originarios, «todos ellos, carecen en la actualidad de agua potable».
Kuapak o cucapá, tohono o’odham, comcáac o seri, o’ob o pima, yoreme o mayo, y makurawe o guarijío, «no cuentan en gran parte de sus comunidades, o en su territorio en lo general, con infraestructura que les proporcione de forma continua, con seguridad técnica y certeza jurídica, el vital líquido».
Ante ello, «es apremiante considerar que la privación del derecho al agua, en relación con poblaciones étnicamente diferenciadas, constituye el delito de genocidio, tanto a nivel internacional, como en las propias normas de nuestra República».
