El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que las investigaciones contra exfuncionarios del gobierno de Claudia Pavlovich sean una persecución política y afirmó que su administración no actuará con revancha, pero tampoco encubrirá irregularidades.
Durazo respondió así a señalamientos del PRI en Sonora sobre una supuesta “cacería de brujas” contra exintegrantes de las secretarías de Educación y Cultura (SEC) y de Hacienda, entre ellos Ernesto de Lucas Hopkins, Víctor Guerrero y Raúl Navarro.
En el caso de la SEC, el mandatario explicó que se detectó un presunto desvío de entre 280 y 290 millones de pesos mediante contratos que canalizaron recursos del capítulo 1000 a un fideicomiso y posteriormente a empresas privadas, sin autorización del SAT y sin que los montos fueran enterados como ISR. El esquema derivó en una demanda del SAT contra el Gobierno del Estado.
Por estos hechos fueron detenidos el exsecretario Víctor Guerrero y el exsubsecretario Francisco Alberto Curiel, y la Fiscalía Anticorrupción acusa a Ernesto de Lucas de presunto peculado por haber firmado contratos que permitieron el desvío.
Respecto a la Secretaría de Hacienda, Durazo señaló que se contrataron cuatro empresas por 840 millones de pesos, de los cuales se pagaron 340 millones, sin que existan evidencias de beneficios para el Estado. Por este caso, el exsecretario Raúl Navarro fue acusado por peculado y asociación delictuosa.
El gobernador reiteró que las investigaciones se sustentan en hechos y no en intereses partidistas.
