HERMOSILLO, SONORA. — En un movimiento decisivo para blindar los derechos de la infancia, el Congreso del Estado de Sonora oficializó la reforma que integra a la entidad al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Esta medida busca terminar con el «turismo de evasión» que permitía a los deudores alimentarios escapar de sus responsabilidades cruzando fronteras estatales.
Un candado nacional contra la evasión
La iniciativa, promovida por los legisladores Deni Gastélum y Sebastián Orduño (Morena), atiende una problemática histórica: la falta de comunicación entre entidades que facilitaba el incumplimiento de pensiones. Con esta armonización, Sonora se conecta a una red nacional que identifica en tiempo real a quienes presentan adeudos.
¿Qué implica esta integración?
- Rastreo interestatal: Se elimina el vacío legal que permitía evadir pagos al cambiar de residencia a otros estados.
- Restricciones administrativas: Los deudores verán limitados diversos trámites y servicios oficiales hasta que regularicen su situación económica con sus hijos.
- Coordinación institucional: El Poder Judicial de Sonora y las autoridades estatales trabajarán de la mano con el Sistema Nacional DIF para mantener la base de datos actualizada.
«Esta reforma no es solo un ajuste técnico; es un avance significativo para evitar que personas deudoras obtengan certificados de no adeudo en otras entidades. Estamos fortaleciendo la justicia y la responsabilidad parental», destacó el diputado Sebastián Orduño durante la sesión en el Pleno.
Prioridad: El Interés Superior de la Niñez
El espíritu de la reforma se centra en el bienestar de niñas, niños y adolescentes, quienes suelen ser las víctimas invisibles de las separaciones conflictivas. Al centralizar la información, el Estado garantiza que el derecho a la alimentación, salud y educación no dependa de la voluntad del deudor, sino de un sistema de vigilancia efectivo.
Con esta aprobación, Sonora se alinea con la tendencia federal de «cero tolerancia» al abandono financiero, promoviendo una cultura de responsabilidad que pone el bienestar familiar por encima de cualquier estrategia de evasión legal.
