CIUDAD DE MÉXICO. — El discurso de la «deuda histórica» ya no basta para los pueblos indígenas de Sonora. Este miércoles 15 de abril, una delegación de autoridades tradicionales, encabezada por la nación Guarijío-Makurawe, trasladará su batalla del territorio sonorense a los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo: romper con el esquema donde el Estado decide el destino de las comunidades sin una consulta vinculante.
A pesar de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) presume el vigor de cuatro Planes de Justicia en la entidad (Yaqui, Yoreme-Mayo, Seri y Guarijío), la realidad en las comunidades cuenta una historia distinta. Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de Macoragui, denuncia que la «atención institucional» se ha quedado en promesas de escritorio mientras los servicios básicos, la vivienda y la seguridad jurídica sobre la tierra permanecen en el limbo.
El choque de cifras y realidades
La inconformidad surge en un contexto de contrastes financieros. Mientras el Gobierno Federal reporta inversiones multimillonarias —como los más de 18 mil millones de pesos destinados al pueblo Yaqui o los 435.7 millones etiquetados para los Guarijíos en 2024—, los habitantes denuncian que estos recursos no se traducen en autonomía real.
«Un pueblo sin territorio, ¿dónde va a generar autonomía y libre determinación?», cuestiona Zaira Enríquez.
Para los líderes indígenas, el problema no es solo el dinero, sino la metodología del poder:
- Falta de consulta: Acusan que el INPI ha operado como un ente ejecutor vertical, ignorando el derecho constitucional de los pueblos a ser consultados antes de cualquier medida que afecte su entorno.
- Seguridad jurídica: La falta de regularización de tierras —como el caso de las 37 familias en Macoragui— impide el acceso a programas sociales básicos.
- Incumplimiento de planes: Los proyectos planteados a mediano plazo se perciben vulnerables ante los vaivenes políticos si no existe un mecanismo legal que obligue al Estado a cumplirlos.
Un precedente ante la SCJN
La exigencia que será presentada ante el ministro Hugo Aguilar Ortiz busca que la Corte valide el nuevo estatus constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Esto significa que ya no pueden ser tratados como simples receptores de asistencia social, sino como entidades con personalidad jurídica capaces de decidir su propio desarrollo.
La protesta no es nueva. Desde agosto de 2025, el pueblo guarijío mantuvo un plantón en las instalaciones del INPI en San Bernardo. Aunque fueron desalojados del edificio por orden federal en febrero de 2026, la resistencia se trasladó a las afueras y ahora sube de nivel hacia el máximo tribunal del país.
Lo que se dirimirá en la capital no es solo la entrega de viviendas o caminos, sino un principio democrático fundamental: si la soberanía de los pueblos originarios es real o si el «Estado-tutor» seguirá decidiendo por ellos a puerta cerrada.
Dato clave: La Constitución de Sonora ya reconoce el modelo de «Parlamento Abierto» y la obligatoriedad de la consulta, un marco legal que los gobernadores tradicionales usarán como escudo jurídico ante la Suprema Corte.
