Las comunidades indígenas del CIPOG-EZ denuncian complicidad de las autoridades ante una «situación de guerra» que ya dejó heridos y desapariciones.
Comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero lanzaron un desesperado llamado de auxilio tras denunciar un asedio violento por parte del grupo criminal «Los Ardillos». Según el Congreso Nacional Indígena (CNI), la ofensiva, que inició el pasado 6 de mayo, ha escalado a niveles críticos con el uso de drones cargados con explosivos y armas de alto poder.
Puntos clave del conflicto:
- Zonas afectadas: Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán.
- Víctimas: Más de 800 personas desplazadas y una mujer herida de bala en Xicotlán.
- Modus operandi: Bombardeos con drones durante jornadas de más de 8 horas.
- Cifra histórica: El CNI reporta un acumulado de 76 asesinatos y 25 desapariciones en la región.
«Mientras el gobierno federal habla de una supuesta ‘transformación’, los pueblos vivimos entre balas y bombas», sentenció el CNI en un comunicado oficial.
Denuncia de complicidad oficial
Los pobladores señalaron directamente a la gobernadora Evelyn Salgado y a las fuerzas federales (Ejército y Guardia Nacional) por presunta omisión o complicidad. Afirman que los criminales operan a escasa distancia de puestos militares sin ser molestados, calificando la presencia de las fuerzas de seguridad como una «simulación mediática».
En un video difundido en redes sociales, mujeres y niños hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, responsabilizando al Estado por cualquier fatalidad adicional ante la falta de intervención en la zona de conflicto.
