Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Ciudad de México (IN).- El Frente de Organizaciones Sociales en Lucha reiteró que seguirá combatiendo la corrupción en las casetas de cobro pese a la persecución policiaca y judicial.
En este sentido, se expresaron este miércoles 20 de diciembre integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito,
Mujeres Activas por Cajeme A.C., El Pueblo Unido Sonora A.C., Utracasin, A.C., El Poder del Pueblo de Sonora A. C. y el Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora y Sinaloa A.C.
Los activistas de Sonora reprobaron «la actuación del Gobierno del Estado de Sonora al utilizar a cientos de elementos de la Policía Estatal invadiendo una jurisdicción federal que no es de su competencia para desalojar y detener a manifestantes pacíficos».
Los inconformes señalaron que reclaman «el cumplimiento de los acuerdos en las casetas de cobro en Sonora».
Además, «lejos de intervenir ante la Federación para resolver el añejo problema, reprime en algunos casos con lujo de violencia, a cuidanos que ejercen su derecho a la protesta».
El uso excesivo de la fuerza pública, «así como las graves violaciones a derechos humanos violentando el estado de derecho al actuar sin órdenes judiciales se ha convertido ya en la práctica favorita del gobierno estatal en contra de gente pacífica quienes ejercen su derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas».
Exigieron sobre todo al gobierno federal que cumpla la palabra empeñada con los sonorenses de otorgar el libre tránsito para los residentes de los diferentes municipios.
Después de dos años de haber entregado voluntariamente las casetas de cobro a Capufe «ese compromiso sigue sin cumplirse cuando irónicamente desde el año 2017 la bandera de eliminar las ilegales casetas de cobro en la 4 carriles fue tomada por candidatos y personajes del partido en el poder para ganar adeptos y votos sin embargo tan pronto llegaron al poder abandonaron la lucha».
En ese mismo contexto, «desmentimos categóricamente la versión oficial en el sentido de que los miles de millones de pesos recaudados en casetas por concepto de peajes en carreteras de cuota, se van a programas sociales, es falso de toda falsedad».
Precisaton que «esos multimillonarios recursos, en su mayoría, son de concesionarios particulares quienes por cierto no pagan impuestos ni cumplen con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión».
Estas obligaciones son «contar con paradas de emergencia, módulos para atención médica de primeros auxilios, torres de vigilancia a lo largo del trayecto concesionado, su propia policía para vigilar dichos tramos carreteros, grúas, ambulancias, etc».
Tampoco son auditados y no rinden cuentas, «lo que se traduce en un saqueo de grandes proporciones en contra del patrimonio de la Nación».
La semana pasada, integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito denunciaron ante la CNDH represión en la caseta de cobro de Fundición, Sonora.
Al menos 11 de los activistas detenidos por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, aseguran que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en Hermosillo.
En las instalaciones de la FGR, sostienen que fueron retenidos por más de 48 horas, sin que la autoridad estatal o federal les mostrara una orden de presentación o de aprehensión.
Los luchadores sociales precisan en su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fueron agredidos física y psicológicamente por los policías estatales que participaron en el desalojo de la caseta de cobro el pasado 17 de de julio.
Recientemente, la activista Alba Luz Borbón denunció ante la CEDH al gobernador de Sonora.
Con documento en mano, la presidenta de Mujeres Activas por Cajeme informó que presentó una queja por actos de persecución del Estado a través de la Policía Estatal.
La activista reprochó la persecución oficial por defender los derechos sociales en Sonora.
Dijo que solicitó medidas cautelares a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La luchadora social que busca la eliminación del peaje en las casetas de cobro, precisó que «un juez federal dijo que cualquier autoridad debe resguardar mis derechos humanos».
Sin embargo, «aquí vemos la prepotencia del poder, el abuso de un gobierno que no cumple con lo dicho de un juez en el Artículo 533».
Indicó que «aquí vemos el abuso del poder con la autoridad intimidando al pueblo».
Hace casi 3 semanas, elementos de la AMIC detuvieron a Alfonso Canaan Castaños.
Minutos después, fue dejado en libertad por no existir delito qué perseguir al tratarse de una confusión.
