En un boletín informativo la Fiscalía General de la República en el caso de la concesión que el Estado de México otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V. en el año de 2008, que es absolutamente ilegal y nula, iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a un nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación.
En la audiencia reciente el grado de injusticia con el que actuó el Juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible. Antes de conocer pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano.
La Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite.
Se cometió delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales. Acto delictivo que permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por explotación ilegal, con el Gobierno del Estado, sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación.
Para que exista una concesión federal debe cumplirse con los siguientes requisitos:
• Las concesiones federales se otorgarán mediante concurso público emitido por la autoridad competente federal (SICT).
• La concesión será sobre un objeto que pueda ser materia del mismo (vía general de comunicaciones federal).
• La concesión deberá cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta.
• La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá un fallo fundado y motivado.
• Se señalará el plazo de la concesión.
Todo esto NUNCA ocurrió.
La Fiscalía General de la República iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación.
