WASHINGTON, D.C. — El escenario legal para el senador Enrique Inzunza Cázarez ha dado un giro radical. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso en Estados Unidos, el equipo legal del legislador sinaloense ha iniciado contactos formales con el Departamento de Justicia (DOJ) para explorar la posibilidad de que se convierta en testigo cooperante.
Este movimiento ocurre semanas después de que se hicieran públicas las investigaciones que lo vinculan con presuntas actividades de enlace entre el poder político de Sinaloa y facciones del crimen organizado.
La estrategia de la defensa
La búsqueda de un acuerdo de cooperación sugiere un cambio en la narrativa de la defensa. Al acogerse a este programa, Inzunza buscaría beneficios procesales significativos, tales como:
- Reducción de condena: Evitar sentencias de cadena perpetua a cambio de información clave.
- Seguridad personal: Acceso a programas de protección para él y su familia.
- Negociación de cargos: La posibilidad de retirar las acusaciones más graves por narcotráfico y conspiración.
¿Qué información podría aportar?
Como exsecretario de Gobierno y figura central en la administración de Sinaloa, el Departamento de Justicia considera que Inzunza posee información privilegiada sobre:
- La presunta red de protección institucional a «Los Chapitos».
- Operaciones financieras y de logística en el puerto de Mazatlán y zonas serranas.
- Vínculos de otros funcionarios de alto nivel con estructuras delictivas.
Reacción política en México
Mientras en Washington sus abogados negocian, en México la noticia ha generado un sismo político. Aunque Inzunza ha negado públicamente los cargos, calificándolos de «persecución mediática», la realidad en las cortes estadounidenses apunta a una colaboración inminente que podría comprometer a más actores de la política nacional.
«La figura de testigo cooperante es la herramienta más potente de la justicia estadounidense para desmantelar redes de corrupción transnacional», señalan analistas internacionales.
Hasta el momento, el Senado de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la licencia o el fuero del legislador ante este nuevo panorama legal.
